Entre la espada y la pared: los niños en medio del cinismo de los gobernantes colombianos
Colombia es un paraíso de contradicciones. Un gobierno que trabaja y vela por el bien de un 2% de la sociedad, mientras que deja en el olvido al 98% de los ciudadanos.
Cerca de terminar el 2021, los niños se preparan porque deberán retornar a la presencialidad total para el siguiente año. Toda vez que la educación es un derecho de los niños, niñas y adolescentes colombiano.
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión” (Constitución Política de Colombia, Art. 44).
Por lo mismo, el Gobierno Nacional con la directiva No. 05 y mediante la Resolución 777 de 2021, dicta la orden a gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación, jefes de Talento Humano, directivos, docentes y comunidad educativa, de retornar a la presencialidad desde el segundo semestre del presente año.
De esta manera, la alternancia fue asumida por muchas instituciones; ‘preparándose’ para el regreso a clases 100% presencial durante el 2022, con niños vacunados y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad contra el covid-19.
No obstante, el virus del covid-19 es un problema reciente en Colombia, pero la falta de una educación de calidad, una alimentación deplorable e instituciones educativas públicas a punto de desplomarse, son problemas que existen desde muchos años atrás.
En palabras de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, “el regreso a la prestación del servicio educativo de manera presencial está encaminado a garantizar el derecho fundamental a la educación”, un discurso que motiva a cualquier creyente y que hace pensar que el Gobierno Nacional realmente se preocupa por el futuro de nuestros pequeños.
Sin embargo, más allá del maquillaje la verdad es que muchos de los niños colombianos, en especial los de las zonas rurales del país, se encuentran hoy ante un panorama decepcionante, pues sus escuelas antes de la pandemia no presentaban las mejores condiciones, y ahora se encuentran aún más destruidas por el abandono durante el confinamiento.
A dos meses de retornar a la presencialidad, la mayoría de las instituciones educativas continúan en deterioro y sin un control sobre ellas. La batuta pasa de mano en mano, los rectores culpan a los secretarios de Educación, tanto municipales como departamentales, y los secretarios culpan a los rectores por el abandono de las instituciones, alegando que hay unos recursos y un fondo destinado a las directrices para que utilicen el dinero en las necesidades de las escuelas.
Por su parte, los docentes alegan, suspenden clases y salen a marchar, por lo menos en el Tolima, cada mes por la demora del pago de su retroactivo o de su sueldo. Mientras que el Gobierno Nacional se conforma con dictar una orden y no supervisar bajo qué condiciones se acata en cada departamento.
Lo único cierto es que los niños, niñas y jóvenes son los perjudicados de este capítulo de ‘Polombia’, quienes tienen que arreglárselas para llegar a pie hasta sus escuelas, muchos sin comer y recibiendo miserias porque los contratistas se roban los recursos invertidos en la alimentación de los menores, o los mismos gobernantes con sus chanchullos contratan indignantes convenios para robar el dinero de los niños.
Aparte, sus maestros reclaman y luchan por sus derechos propios, mientras que los de los niños pasan a un segundo plano y, para colmo, tienen que estudiar en condiciones precarias donde sus escuelas se desploman, no cuentan con servicios fundamentales como lo son el agua y la energía, y las goteras caen en las aulas mientras intentan concentrarse en sus estudios.
Este es el cruel panorama para la educación primaria y secundaria para el 2022. Unas instituciones abandonadas, unos directivos y unos gobernantes lucrados a costa de los recursos de los menores y, para colmo, ser su mejor opción porque desde casa no cuentan con los recursos para acceder a la educación virtual.
Para tener en cuenta:
Según cifras del Dane, más de 21 millones de personas en Colombia viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema (2020), familias que sufren los desmanes de los gobernantes y niños que deben afrontar la realidad de una pésima educación; mientras que la clase media lucha contra las trabas del Gobierno Nacional para no formar parte de este segmento, pues en 2020 pasó de ser un 30,1% (porcentaje del 2019) al 25,4% de la población. Por último, las cifras estiman que solo un cerca del 2,6% de los colombianos se clasifican como ricos.
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