El Salvador, una dictadura en ciernes

América Latina parece de vuelta al pasado. Se llegó a pensar en la década de los 70 y 80 que el autoritarismo quedaría atrás y, según el término que acuñó el politólogo Samuel Huntingon, Tercera Ola de Democratización que debutó con la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974 y se cerró con la caída de los gobiernos militares en América del Sur, la democracia debía prosperar.  Sin embargo, por una extraña combinación de circunstancias el autoritarismo está de vuelta y lo que es peor para el caso de El Salvador, goza de admiración entre varios sectores que ven en Nayib Bukele una figura a seguir.

Aunque medios y políticos en América Latina lo halaguen a través de mensajes expresos o silencios cómplices, hay una realidad que se impone cada vez con mayor flagrancia: asoma una dictadura liderada por Bukele que utiliza una retórica análoga a la que invocaron los gobiernos militares durante a Guerra Fría y que en nombre de la contención del comunismo cometieron las peores violaciones a los derechos humanos y retrasaron la democratización.

En favor del sano debate valga recordar que, una dictadura no es en estricto sentido un régimen político y que entre los no-democráticos más comunes en el último tiempo aparecen el autoritarismo y el totalitarismo. La esencia de la democracia moderna no son las elecciones, sino la separación de poderes en tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) por eso, la dictadura se erige como la antítesis más obvia de la democracia, pues su esencia está en suspender por motivos generalmente asociados a la seguridad nacional esa división. Al ser una circunstancia excepcional no se le debería considerar como un sistema político, sino como un estadio que, en teoría debe conducir a una transición que de dientes para afuera apunta a la democratización a través de la estabilización y garantía del orden público, pero que en la práctica retrasa indefinidamente la consecución del ideal democrático.

Los golpes de Estado reciente en el Sahel (Burkina Faso, Malí, Niger y Gabón) muestran una retórica presente en las dictaduras: la necesidad inaplazable de garantizar la seguridad, apoyada en los regímenes de excepción donde se suspenden garantías. Y aunque genere sorpresa, tanto en el África subsahariana como en El Salvador, el respaldo popular a estas dictaduras en ciernes es significativo. Para la elección en la que Bukele buscará la reelección en 2024 (a pesar de que él mismo reconoció que no estaba permitida por la Constitución), el actual mandatario tendría más de 64 puntos de ventaja sobre su rival inmediato Joel Sánchez del partido tradicional Arena (Alianza Republicana Nacionalista).

Hace apenas semanas, la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitaria (SJH) publicó un informe devastador sobre la forma en que Bukele está acabando con la democracia, un sistema que debe garantizar los derechos humanos y no puede coquetear con la posibilidad de privilegiar aquéllos de la «gente de bien» a expensas de los de los condenados o a quienes se apunta como delincuentes, no siempre con fundamento. De acuerdo con SJH, desde que se inició el régimen de excepción en marzo de este año, una de cada cuatro personas ha sido asesinada en las cárceles. La guerra a brazo partido librada contra las pandillas ha dejado entrever un pacto entre gobierno y criminales en el que se reduce el poder de estas mafias, pero que en el fondo consiste en detenciones arbitrarias de personas sobre las que no existen acusaciones pero llevan tatuajes, el cabello largo o de alguna manera son blancos fáciles para la policía y terminan detenidos, torturados y en varios casos no se vuelve a conocer sobre su paradero. En esto incide el poder judicial anulado por orden de Bukele. En 2021, el mandatario llevó a cabo una purga masiva de jueces en la que fueron llamado a un retiro forzoso los mayores de 60 años e impuso a la fuerza más de 160 violando la Constitución y anulando el poder del Consejo Superior de la Judicatura encargada de ese relevo. La ofensiva contra la independencia judicial difícilmente será reversible en el corto plazo, pues buena parte de los magistrados que sufrieron por cuenta del golpe al poder judicial se encuentran hoy en el exilio, un libreto que las autoridades guatemaltecas han copiado.

Poco o nada puede hacer el resto de América Latina, pues en el último tiempo la presión regional ha mostrado su ineficacia en los casos de los autoritarismos en Nicaragua y Venezuela. Aún así, extraña la admiración expresa al mandatario salvadoreño de varios políticos que aspiran a cargos de elección popular, la línea editorial de algunos medios que sin reparo lo califican como un fenómeno positivo Bukele (ver portada de Semana 11 de marzo de 2023) y el esceptisismo general por las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos como SJH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Tan extraño como inadmisible que en pleno siglo XXI todavía se justifiquen la dictaduras y se crea que los derechos humanos son una camisa de fuerza que conspira contra  la seguridad nacional. No bastaron las evidencias contundentes del legado nefasto de gobiernos militares. Así, olvidamos a los desaparecidos, torturados y asesinados que en América Latina nos recuerdan la tragedia que suponen las dictaduras.

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