Guatemala gira a la izquierda

La elección del domingo pasado es una noticia esperanzadora. Bernardo Arévalo y su partido, el Movimiento Semilla, llegan sorteando toda clase de obstáculos y se enfrentarán a un establecimiento implacable con quienes han intentando desmontar las tramas de corrupción, protegidas por un modelo cada vez más autoritario. Valga recordar que la Fiscalía trató de impedir su candidatura y la elección se desarrolló en un tenso ambiente en el que se especula sobre la voluntad de la clase política guatemalteca para permitir la llegada de un gobierno centroprogresista.

Guatemala es el país de las revoluciones fallidas y los procesos políticos interrumpidos. Hace medio siglo, fue derrocado Jacobo Árbenz (con apoyo de la CIA), líder un proceso de redistribución de tierras que de haber prosperado, hubiese cambiado para siempre la historia guatemalteca o chapina, gentilicio alternativo para esta nación centroamericana. Desde ese entonces, Guatemala sintió los rigores de la guerra entre varios movimientos armados y gobiernos autoritarios que solamente terminaron cuando regionalmente se decidió acabar con las nocivas influencias extranjeras que la habían empujado a la fuerza a la disputa Este Oeste en el contexto de la Guerra Fría. El conflicto armado interno dejó como saldo trágico el genocidio del pueblo ixil cometido por militares a comienzos de los 80, y por el cual fueron asesinados de las peores maneras miles de indígenas. Como agravante de este capítulo trágico, se trata de un genocidio ignorado en América Latina; no se conoce, estudia o se sensibiliza al respecto. Jamás aprendimos la lección de la Segunda Guerra Mundial o más recientemente en Ruanda, Srebrenica o Palestina genocidios más conocidos y sobre los cuales existe, por tanto, algún nivel de conciencia.

En esta reconstrucción democrática, Guatemala ha sufrido un rezago importante en los últimos años. La corrupción, la violencia y el autoritarismo hacen pensar en un postconflicto que no ha funcionado del todo. El país de América Latina con mayor porcentaje de población indígena (proporcional) junto a Bolivia, jamás ha tenido un mandatario de ese grupo, un indicador que revela hasta qué punto el racismo mezclado con clasismo se enquistó en su sociedad. A diferencia del caso ecuatoriano, donde los indígenas (teniendo mucho menos peso demográfico) han conseguido movilizaciones significativas, en Guate (como suelen evocar sus conacionales) todavía parecen intrascendentes.

El gobierno de Alejandro Giammatei que va de salida no deja nada representativo, lo contrario, la mala noticia que significa una deriva autoritaria en la que la Fiscalía como brazo del ejecutivo (cuando se supone actúa de forma independiente) ha perseguido a jueces, periodistas, opositores y fiscales que han osado denunciar la corrupción. Esta tal la dimensión y gravedad del fenómeno, que en 2006 se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con apoyo de las Naciones Unidas y de la que hizo parte el actual ministro de defensa colombiano, Iván Velásquez y que le significó salir como persona no grata durante el gobierno nefasto de Jimmy Morales acusado de fraude fiscal y quien desde entonces, emprendiera una ofensiva contra la Comisión cuyo mandato dio por terminado. La persecución es cada vez más intensa contra quienes osan denunciar la corrupción en un país donde los exmandatarios Álvaro Colom, Alfonso Portillo, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti han terminado rindiendo cuentas ante la justicia. Estos dos renunciaron en medio del escándalo conocido como la Línea que ayudó a develar Iván Velásquez, y gracias a la presión ciudadana en las calles en lo que algunos medios se aventuraron a catalogar en 2015 como «La Primavera Chapina». Sin embargo, vino la elección posterior de Giammatei, actual presidente, y la situación empeoró en todos los sentidos. Este año se anunció el cierre del diario El Periódico por el encarcelamiento de su fundador y director José Rubén Zamora y durante su mandato se han incrementado significativamente las salidas al exilio de jueces y fiscales que denuncian la corrupción. Lo anterior es clara evidencia de una Fiscalía en cabeza de Consuelo Porras con poderes desproporcionados y en detrimento del Estado de derecho. En la elección que terminó con la victoria de Bernardo Arévalo, la ciudadanía se manifestó contra todo el establecimiento político. La abstención y los votos nulos obtuvieron mejores cifras en primera vuelta que Sandra Torres la más votada. Valga recordar que a tres candidatos se les impidió llegar a las urnas, Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda.

Arévalo, candidato independiente de un progresismo moderado, deberá buscar amplios consensos pues no cuenta con mayorías en el aparato legislativo, pero sí con un respaldo popular para devolver los equilibrios que alejaron a Guatemala del Estado de derecho y recomponer la lucha contra la corrupción. Se trata de una difícil tarea pues deberá afectar intereses de políticos y empresarios poderosos que no están en disposición de soltar una actividad tan rentable. Al menos hay un chance para la esperanza.

@mauricio181212