Hasta 2017 buena parte de los presidentes ecuatorianos no podía completar el mandato para el que resultaban elegidos. Así ocurrió durante la década de los 90 y los 2000. El saldo: en nueve años llegó a tener el mismo número de presidentes e incluso en una noche tres mandatarios tuvieron de manera efímera el poder. Por estos días y a pesar de haber superado la inestabilidad crónica del pasado, parece haber vuelto la época de las convulsiones, los bloqueos y las movilizaciones masivas, con acusaciones de golpismo a bordo. ¿Por qué ha vuelto lo que parecía un fenómeno superado? ¿A qué se debe la severa crisis que golpea a Guillermo Lasso y que seguramente implicará la terminación anticipada de su mandato?
Tres factores han erosionado su gobernabilidad. En primer lugar, la inseguridad rampante y la criminalidad en ascenso. El país no estaba habituado a una delincuencia de esta proporciones, y en el último tiempo, los delitos vinculados con el nacrotráfico se han disparado con la llegada de carteles y bandas en particular a la provincia de Guayas, cuya capital Guayaquil es el corazón económico y financiero del Ecuador. Se han vivido las peores masacres carcelarias en la historia del país (Guayaquil, Cuenca y Latacunga) y la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes pasó de 5,7 en 2017 a 22 en 2022. Lo anterior retrata una situación dramática que ha desbordado las capacidades de un ejecutivo cada vez más ineficiente.
Segundo, a mediados del año pasado se produjo el levantamiento indígena en el que protestaron contra las precarias condiciones de vida y exigieron mejoras. La situación fue dramática en buena medida por la inflación provocada por la escasez de insumos y fertilizantes en la producción de alimentos que, como en otras regiones del mundo hizo temer por la seguridad alimentaria. Ya en 2019 Lenín Moreno había enfrentado protestas similares por recortes en subsidios. Sin embargo, Lasso consiguió pactar una salida con el movimiento indígena, pero aquello no despejó las dudas sobre su probidad. Finalmente, con las acusaciones de corrupción por apropiación de recursos (peculado) el todavía presidente parece acorralado del todo.
Esto ultimo activó un juicio político en su contra y en medio del proceso de manera sorpresiva, el mandatario acudió a la «muerte cruzada» figura consagrada en el artículo 148 de la Constitución -redactada en épocas de Rafael Correa- y que le permite disolver la Asamblea Nacional para poner a disposición de la ciudadanía su cargo así como el de los congresistas. El mecanismo fue introducido para evitar la extralimitación de funciones de la Asamblea (que no es el caso actual) o para que el presidente pudiera enfrentar graves crisis sin que colapsara el sistema político como había ocurrido con la salida estrepitosa de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000) y Lucio Gutiérrez (2005). Sin embargo y tal como sucedió con Pedro Castillo en el vecino Perú, fue obvio que Lasso no recurrió a la disolución del legislativo por las razones contempladas en la Carta Magna, sino para esquivar la destitución inminente tras el juicio político. La decisión abiertamente inconstitucional ha provocado el rechazo de varios sectores y ha activado los anuncios de movilizaciones por parte del movimiento indígena que denuncia la emergencia de un autoritarismo pues Lasso gobernará por decreto, hasta las nuevas elecciones.
La crisis política paradójicamente confirma que por primera vez desde el restablecimiento democrático en 1979, Ecuador parece tener una constitución funcional. Tanto la muerte cruzada como el juicio político son mecanismos contemplados en la carta y su activación muestra que, a diferencia del pasado, el establecimiento está dispuesto a superar los impasses o bloqueos dentro del marco normativo.
En el corto plazo, Ecuador deberá resolver dos cuestiones para evitar un vacío como el que padece su vecino peruano. Confirmar a Lasso o elegir a un nuevo presidente en elecciones -que no se están adelantando como se suele afirmar equivocadamente en algunos medios-, sino que se convocan para completar el periodo de año y medio que le resta al actual gobierno y Asamblea. Y, los aspirantes deberán tomar la compleja decisión sobre participar de esta contienda para un periodo difícil pues quien resulte elegido corre el riesgo de desgastarse al recibir un país con enormes dificultades en materia económica y de orden público. Para el caso del correísmo, a quien todos apuntan como el de mayores chances, puede poner en riesgo la elección en 2025 cuando inicie el nuevo periodo esta vez de cuatro años.
Twitter: @mauricio181212
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"La decisión abiertamente inconstitucional ha provocado el rechazo de varios sectores y ha activado los anuncios de movilizaciones por parte del movimiento indígena" La decisión fue ratificada por la corte constitucional del Ecuador. No han habido movilizaciones, pues la oposición ha sido responsable, aceptó el fallo de la corte y optó por esperar antes de protestar sin motivos fundamentados. Le aconsejo que saque su preferencia política de los reportes de hechos, y se informe mejor antes de escribir de lo que no conoce.